A fin de fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, una de las recientes actividades realizadas fue el taller “Entornos escolares seguros y accesibles”, en donde se habló acerca de la movilidad segura para niños y cómo realizar evaluaciones de zonas escolares a través de una aplicación digital denominada Star rating for schools.

El encuentro estuvo dirigido a diseñadores urbanos, técnicos en educación y seguridad vial y también a líderes comunitarios de la cuidad de Asunción. Contó con la presencia de Regina Castillo de UNICEF, y Agnieszka Krasnolucka, Gerente de Programas de la FIA Foundation, donante del programa de educación vial.

La facilitadora del taller, Rafaela Machado, Coordinadora Global de Star rating for schools, explicó que a través de una aplicación (APP) accesible y de fácil uso,utilizada por especialistas y voluntarios entrenados, se releva datos de seguridad de las infraestructuras de los entornos escolares, de acuerdo a varios indicadores. Así también permite calificar del 1 al 5 cuál es el nivel de seguridad que brinda el entorno escolar a los peatones, automovilistas, ciclistas y motociclistas.

La aplicación se utiliza a nivel mundial; Paraguay es uno de los países pioneros donde se está implementando la versión beta, ya que la herramienta sigue en un periodo de ajustes. A la fecha hay datos relevados de 29 entornos escolares, correspondientes a escuelas que ya participaron del proyecto incluyendo a adolescentes a fin de que conozcan los riesgos a los cuales se exponen para llegar a sus escuelas.

Los datos relevados de las 29 escuelas están siendo recopilados para presentar un informe final a la Municipalidad de Asunción, que se comprometió en realizar mejoras de infraestructura en el entorno escolar urbano.

El taller se realizó como parte de la campaña “Vale 1 vida”, desarrollada en el marco del Proyecto “Seguridad vial en el entorno escolar con enfoque inclusivo”, ejecutado desde el 2017 en forma conjunta por UNICEF, el Touring y Automóvil Club Paraguayo y la Municipalidad de Asunción, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

El sindicado es Gerardo Javier González Luraghi, quien presuntamente habría extraído información de Visión Banco S.A.E.C.A, sin la autorización requerida. Esto se habría producido cuando el mismo se desempeñaba como empleado de la entidad bancaria.

Se presume que González Luraghi extrajo varios archivos informáticos que contenían datos del mencionado banco, como ser información crediticia de los clientes entre otros, lo cual habría realizado valiéndose del uso de cuentas de correos electrónicos corporativos y particulares. Todo esto se habría producido en el año 2023.

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A finales de ese mismo año, el banco le había comunicado su desvinculación y le fue presentada su liquidación, ante ello Gerardo González Luraghi, habría exigido que le sea entregada una suma muy superior al que le correspondía percibir en concepto de liquidación, debido a que supuestamente contaba con información “muy delicada y sensible relacionada al banco”.

También solicitó la cancelación de una deuda millonaria contraída con la entidad bancaria, a cambio de no entregar la información al ente de control (Banco Central del Paraguay).

El operativo se realizó en un local ubicado sobre la calle Rodríguez de Francia y Perú, según la denuncia, en el mismo se depositaban productos que habrían ingresado de manera ilegal al país.

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De acuerdo al reporte policial, carecían de documentos respaldatorios, no contaban con el registro sanitario de Producto Alimenticio y Registro de Establecimiento, además del etiquetado de importación.

Vendedores de otros locales rechazaron la intervención alegando que se trataba de un procedimiento irregular, por lo que, se dio inicio a incidentes entre locatarios y agentes de la Policía Nacional.

Según manifestaron, los intervinientes llegaron sin la orden de allanamiento y se llevaron mercaderías que sí estaban en reglas.

Por su parte, el director del Mercado 4, Víctor López, sostuvo aguardan el informe oficial del Ministerio Público y de Delitos Económicos sobre el operativo que estuvo encabezado por el fiscal Miguel Quintana.

“Por el momento no me confirmaron si el operativo es de Delitos Económicos o si es con un fiscal. Aparentemente, incautaron algunas que otras mercaderías”, expresó en conversación con la radio 650 AM.

En relación a las versiones que circulan en redes sociales y en medios de prensa, sobre la supuesta identidad del propietario del inmueble intervenido recientemente en la ciudad de Salto de Guairá, departamento de Canindeyú, la Ande señaló que institución no celebró contrato, ni registra Solicitud de Abastecimiento de Energía Eléctrica emanada de persona física ni jurídica en el lugar.

“La ANDE desconoce quién o quiénes son los propietarios del inmueble y de los equipos incautados por orden judicial, a raíz de la denuncia por Sustracción de Energía Eléctrica contra personas innominadas realizada ante el Ministerio Público de Saltos del Guairá”, dice el comunicado.

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En ese sentido, el ente manifestó que la causa se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo del Abog. Oscar Paredes, quien, en el marco de la investigación se libró dirigidos a la Dirección General de los Registros Públicos, al Servicio Nacional de Catastro y a la Municipalidad de Saltos del Guairá, respectivamente, para que informen sobre la titularidad y condiciones de dominio del inmueble allanado.

MINISTRO RECHAZA INSINUACIONES

Ante dichas versiones circulantes, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, rechazó categóricamente las insinuaciones que pretenden vincularlo con la propiedad ubicada en Saltos del Guairá. donde la Ande intervino las instalaciones dedicadas a la criptominería ilegal.

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Al respecto, el ministró afirmó que no tiene ninguna propiedad en dicha localidad y que se reserva el derecho de accionar judicialmente contra quienes eventualmente sean responsables de los hechos de “difamación, calumnia e injuria”.